jueves, 18 de julio de 2013



Voluntad de hierro contra la minería

En los últimos años la entrada de megaproyectos a los pueblos más olvidados de Oaxaca ha puesto en riesgo su existencia lo que ha provocadodesplazamientos de personas que son dueñas y herederas de las tierras. Desde el enfoque de los derechos humanos y con las raíces en las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas, el equipo de Barcadh ha detectado y ha intervenido en distintos conflictos en la región.




 Organización: Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C.
El 18 de agosto de 1918 nació Bartolomé Carrasco Briseño en Tlaxco, Tlaxcala. Comenzó su formación religiosa a los 14 años y desde entonces ascendió cuanto pudo en la iglesia católica. Siempre con un espíritu de servicio y acompañamiento a la población más pobre. Llegó a ser Arzobispo de Oaxaca. Con esa investidura emitió documentos de reflexión religiosa con gran contenido social.
“La creación del Barcadh responde sobre todo a la petición de las asambleas regionales, que son la máxima instancia de decisión en las comunidades indígenas” comenta Nora Martínez, coordinadora general del Centro. La entrega y compromiso social de Bartolomé Carrasco fueron tomadas como inspiración para la organización defensora de derechos humanos que lleva su nombre.
Fundado en 1992, el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Barcadh), tiene sede en la ciudad de Oaxaca, pero extiende su trabajo a varias regiones rurales e indígenas del estado. La primera piedra fue puesta por el sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez, mejor conocido como el Padre Uvi. “Tuvo mucho que ver el esfuerzo de quienes integran las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) en Oaxaca. Estas personas se reunían para reflexionar y hablar sobre su fe, los males que afectan al mundo y sobre todo lo que se puede hacer para resolverlo” recuerda Nora.
“Desde el principio quedó claro que el Barcadh no debería ser una organismo solamente de oficina” dice Nora “se quería que fuera un movimiento social que acompañara a los pueblos en resistencia, sobre todo a los que defienden su cultura y territorio”. El Barcadh ha puesto especial énfasis en los procesos de promoción de derechos humanos. Los primeros talleres se impartieron con el apoyo del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, una de las organizaciones defensoras más consolidadas en México.
 
La alianza de organizaciones diseñó una serie de talleres sobre nociones básicas de derechos humanos y derecho penal. Derechos indígenas, conflictos agrarios, derechos de la infancia y derechos ambientales son otros temas que se incorporaron al trabajo de formación del Barcadh. Los habitantes de la comunidad de Santa María Zaniza, en el Municipio de Sola de Vega, participaron desde los primeros talleres del Barcadh. No era para menos. En su territorio se detectaron enormes yacimientos de hierro que llamaron la atención de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).
En 1998 tuvo lugar la primera incursión de AHMSA en Santa María Zaniza. Se trataba de actividades de exploración para detectar la magnitud de las vetas de hierro. Las consecuencias para el medio ambiente fueron grandes. “Hubo pozos que se contaminaron y ríos que fueron desviados. Esto es grave porque si la empresa dañó de esa manera al medio ambiente con actividades de exploración ¿qué puedes esperar para cuando estén operando al 100%?” comenta Nora.
Luego de la incursión de AHMSA el Barcadh denunció que la empresa estaba gestionando ante las autoridades la expropiación de 11 mil de las 16 mil hectáreas que abarca la comunidad de Santa María Zaniza. Bardomiano Morales, abogado del Barcadh, declaró que “nosotros estamos haciendo trabajo preventivo porque una vez que se genera un conflicto dentro de la comunidad, ya no hay solución, como por ejemplo en San José del Progreso. Ya es imposible volver a la situación donde estaban antes, hace 10 ó 20 años.” Su testimonio quedó incluído en el boletín “Tierra Minada: la defensa de los derechos de las comunidades y el medio ambiente en México” de la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés).
La tarea de difusión y concientización en Santa María Zaniza continuó. En abril de 1999 los afectados participaron en un taller sobre derechos humanos organizado por el Barcadh. Éste tuvo lugar en la comunidad de Textitlán, desde donde se publicó un manifiesto que declara: “es un deber de los pueblos de la región velar por la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, ya que de ello depende nuestro sustento y el desarrollo de nuestra vida comunitaria”.
El mensaje no sólo se dirigió a las autoridades, sino también a la población en general para generar conciencia sobre el peligro que acecha a las comunidades con grandes recursos naturales. La asamblea de Santa María Zaniza se reunió y decidió no permitir más operaciones de AHMSA en su territorio. Pero la empresa no ha renunciado a construir la mina. Considerada como la mayor siderúrgica de México, AHMSA estima que de la región se pueden extraer hasta 10 millones de toneladas de hierro al año. Estiman que la explotación del hierro duraría hasta 50 años, pero hay pronósticos menos optimistas señalando que en tan sólo una década, el hierro se habrá agotado y sólo quedará la destrucción del medio ambiente.

Según su proyecto, AHMSA exportaría el mineral hacia China, Corea, Japón, Estados Unidos de América y Canadá. Las ganancias para ella serían enormes, proporcionales al daño que provocarían a la comunidad de Santa María Zaniza. La empresa comenzó a ofrecer apoyos económicos a las autoridades tradicionales para minar la resistencia popular. AHMSA también ha ofrecido construir obra pública si se le permite operar en la región. Eugenio López Hernández, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Zaniza, denunció estos intentos por dividir a las comunidades con prebendas para unos cuantos.
La oposición al megaproyecto se ha manifestado a través de marchas, ruedas de prensa y comunicados que se lanzan a los medios de comunicación y las redes sociales. A este proceso se han sumado habitantes de comunidades indígenas de los Municipios de Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán, Santa María Sola y Santiago Amoltepec. En la difusión y resistencia ha sido muy importante la participación de los promotores y promotoras comunitarias de derechos humanos. Este equipo surgió a partir de los talleres de derechos humanos impartidos por el Barcadh.
Esta unión de comunidades y el Barcadh logró que por acuerdo de Asamblea, se creara una Comisión para la Defensa de los Recursos Naturales (CDRN) para documentar y dar seguimiento a la lucha contra el proyecto minero. Para esta empresa contaron con el apoyo de otra organización de gran experiencia en la defensa del territorio de los pueblos indígenas: la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), quien trabaja con el pueblo indígena wixrárika.

La CDRN generó el Manifiesto Comunitario de Impacto Ambiental sobre el proyecto minero de AHMSA en Santa María Zaniza. “Esto significa un enorme avance a la hora de argumentar el porqué los habitantes se oponen a la minería” dice Cristian Chávez, integrante de AJAGI “el documento hasta ahora es único en su tipo y sirve de referente para otras comunidades sobre las que pesa también la amenaza de un mega proyecto”.
Con lo anterior se ha mantenido la resistencia popular al proyecto minero, pero aumentó la oferta de apoyos para dividir a las comunidades. “Los conflictos agrarios o los que tienen que ver con comunidades vecinas son aprovechados, o promovidos, por quienes tienen intereses en la región. Cuando las personas están divididas es más difícil que se organicen y luchen por un objetivo común, lo malo es que los mega proyectos afectan a todos” señala Nora.
Sin disminuir el acompañamiento, el Barcadh denunció junto con otras organizaciones defensoras el aumento de la violencia en su región. Así quedó plasmado en el documento preparado con motivo del encuentro de organizaciones de la sociedad civil con Rodrigo Escobar Gil, Relator para México y Relator Especial sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 2011.
La resistencia desde las comunidades oaxaqueñas también se fortaleció. El 20 de julio de 2011 se llevó a cabo el Cuarto Foro Regional de la Sierra Sur de Oaxaca, cuya declaratoria denuncia:
Como pueblos indígenas que habitamos en la Sierra Sur de Oaxaca, nos vemos amenazados por grandes proyectos como son la Presa “Paso de la Reyna” y la “Explotación Minera de Santa María Zaniza”, proyectos que ponen en riesgo nuestra existencia en nuestro territorio, que provocan desplazamientos de personas que son dueñas y herederas de las tierras; afectando nuestro entorno y que como pueblos indígenas a la tierra la respetamos porque es nuestra madre que nos da vida y nos sustenta.
Las Instituciones a través de sus funcionarios y en algunos casos representantes populares llegan a nuestras comunidades con engaños, aprovechando nuestra solidaridad y hospitalidad, pero sobre todo de nuestras necesidades para convencernos de los supuestos “beneficios” que nos traen los proyectos ofrecidos; muchas veces hasta condicionan la entrega de obras recursos que tienen que llegar a nuestros municipios.
Es en ese contexto que también han surgido amenazas contra las y los defensores de derechos humanos del Barcadh. El Padre Uvi ha recibido diversos mensajes intimidatorios a partir de su participación como mediador en la resolución pacífica de conflictos. Mediante acciones urgentes y denuncias públicas, una red de organizaciones y personas preocupadas por la integridad del Padre Uvi han exigido desde abril de 2012 las garantías suficientes para que él y las organizaciones defensoras puedan continuar con su labor, por demás necesaria en un estado donde las agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos van en aumento.
“La fuerza de las y los defensores está en las comunidades, en ellas que han resistido y trabajado durante siglos” afirma Nora. “Frente a todas las dificultades y amenazas, la legitimidad y la fuerza en el trabajo de defensa de derechos humanos es que la comunidad esté participando activamente, conscientemente”.
Así es la comunidad de Santa María Zaniza. Con sus lugares sagrados donde rezan pidiendo buenas cosechas, por lluvia para que florezcan los cerros y para que sus tradiciones sigan vivas. En suma, una riqueza que no tiene precio.
El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. es una organización de base que nace de un proceso de las Comunidades Eclesiales de Base en la Sierra Sur de Oaxaca en el año de 1992 y se constituye legalmente en Marzo de 1993. Desde su nacimiento se ha dedicado a la educación, formación y defensa de los derechos humanos, siempre siguiendo el ejemplo de Mons. Bartolomé Carrasco. “No des los panes, enseña a pescar”. Nuestro trabajo se multiplica en la gente que se organiza y defiende sus derechos.
Las opiniones contenidas en esta publicación son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura de la Red TDT

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