Entran en Diálogo en Oaxaca para Tratar
Violaciones de Derechos a la
Tierra y al Territorio en el Istmo de Tehuantepec
México, D.F. a 22 de febrero de 2012 – El 8 de febrero de 2012, representantes de más de 30 pequeños propietarios de la comunidad zapoteca Unión Hidalgo se sentaron con representantes de la empresa eólica española Renovalia Energy, por medio de su subsidiaria mexicana Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. (DEMEX), en una mesa de diálogo para tratar las violaciones a los derechos a la tierra y al territorio en la implementación del proyecto eólico Piedra Larga, fases I y II, en Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ésta tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca y contó con la mediación del gobierno estatal. Entre los presentes se encontraron el Director del Gobierno de Oaxaca, Javier Jiménez Herrera, así como representantes de la Comisionada de Derechos Humanos y representantes de la oficina de Energías Renovables de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del estado.
Los pequeños propietarios, quienes solicitaron la mesa de diálogo, se han organizado en el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (CRPEUH), la cual, a su vez, forma parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Asimismo, están acompañados por dos organizaciones civiles: el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Luego de tener conocimiento acerca de los alcances y afectaciones reales del proyecto que DEMEX les negó a la firma de los contratos de arrendamiento, el CRPEUH ha venido oponiéndose a la implementación del proyecto en sus parcelas agrícolas. Por ello, desde mayo de 2011 se ha solicitado una mesa de diálogo con la empresa mediada por el gobierno estatal para tratar las violaciones a la tierra y al territorio y solucionar pacíficamente la problemática creada a partir de la falta de consentimiento previo, libre e informado, el cual es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. A raíz de acciones lamentables por parte de DEMEX que culminó en el uso de la fuerza contra los pequeños propietarios, el CRPEUH logró que el Gobierno de Oaxaca otorgara medidas cautelares para proteger al Comité en la defensa de sus derechos humanos. Como fruto de este proceso, se logró la mesa de diálogo.
Ahora el CRPEUH tiene como principal demanda que los contratos de arrendamiento que se han firmado con DEMEX se terminen anticipadamente, ya que fueron firmados bajo términos falsos y cláusulas notoriamente inequitativas en perjuicio de los propietarios. El mensaje de los pequeños propietarios ante la empresa es claro: quieren la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento, situación que está prevista en los mismos; el pago de la cuota de terminación e indemnización por el daño al potencial productivo de las tierras; y el restablecimiento de la calidad original del suelo en los casos donde DEMEX ha continuado con las construcciones, para lo cual la empresa deberá retirar todas las estructuras y equipos instalados en sus tierras.
Durante la reunión del 8 de febrero, los pequeños propietarios presentaron de manera conjunta una solicitud formal de terminación anticipada de los contratos de arrendamiento con DEMEX en los términos establecidos por los mismos contratos. Para justificar esta solicitud, Guadalupe Castellanos Ramírez, una de las pequeñas propietarias del CRPEUH, afirmó: “DEMEX nos trata con poco respeto y nunca nos explicaron bien los términos de los contratos de arrendamiento que actualmente quieren imponer. Sabemos ahora que estos contratos son injustos y causan daños a nuestra tierra.” Sin embargo, en su representación DEMEX envió a dos abogados de un despacho privado, Alejandro Dichara Nates y Ricardo Izeta Gutiérrez, y dos empleadas locales de la empresa en Unión Hidalgo, quienes argumentaron desconocer tanto el contexto de la mesa como las condiciones del arrendamiento, y además no tenían facultad resolutiva para llegar a acuerdos con los pequeños propietarios.
Por lo anterior, se acordó una segunda reunión este sábado 25 de febrero en la Ciudad Administrativa de Oaxaca para recibir la respuesta formal de la empresa a la petición de terminar anticipadamente los contratos. Esta vez el CRPEUH exige que la empresa tome más en serio el diálogo y, como muestra de ello, envíe al Director General de DEMEX, Fernando Ballester Surroca, quien tiene poder de decisión sobre los contratos de arrendamiento.
“Las empresas eólicas se apuran a desarrollar proyectos en el Istmo de Tehuantepec pero lo hacen sin consulta previa, libre e informada y en detrimento de los derechos humanos de las comunidades,” dijo Alejandra Ancheita, abogada y directora ejecutiva de ProDESC. “Tenemos que asegurar que DEMEX y el gobierno consulten con los pequeños propietarios y respeten sus decisiones sobre sus propias tierras. Energía limpia debe ser energía responsable.”
De igual manera el CRPEUH exige que el gobierno de Gabino Cué cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo. El Comité exige también que el gobierno federal se haga responsable por esta violación a los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con su responsabilidad de velar por los derechos de los mexicanos por encima de las empresas multinacionales.
“Las empresas eólicas se apuran a desarrollar proyectos en el Istmo de Tehuantepec pero lo hacen sin consulta previa, libre e informada y en detrimento de los derechos humanos de las comunidades,” dijo Alejandra Ancheita, abogada y directora ejecutiva de ProDESC. “Tenemos que asegurar que DEMEX y el gobierno consulten con los pequeños propietarios y respeten sus decisiones sobre sus propias tierras. Energía limpia debe ser energía responsable.”
De igual manera el CRPEUH exige que el gobierno de Gabino Cué cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo. El Comité exige también que el gobierno federal se haga responsable por esta violación a los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con su responsabilidad de velar por los derechos de los mexicanos por encima de las empresas multinacionales.
El proyecto eólico de Piedra Larga, Fases I y II, está siendo desarrollado por Renovalia‐DEMEX para suministrar energía limpia principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento de 18 años. Para construirlo Renovalia obtuvo un crédito sindicado de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras‐Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España).
FIRMANTES
• Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (CRPEUH)
• Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
• Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
• Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
CONTACTOS
• Valeria Scorza / ProDESC, (55) 5212‐2230, valeriaprodesc@gmail.com
• Guadalupe Castellanos Ramírez / CRPEUH, jregaladom_@hotmail.com
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