El Centro de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño" acudió a esta conferencia de prensa a petición de los intetresados.
viernes 16 de marzo de 2012
Inicia la XLIII Asamblea de la Red TDT
16 de marzo de
2012
Boletín 5/2012
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) que reúne a 75 organizaciones de derechos humanos de diversos estados del país hemos decidido realizar nuestra XLIII Asamblea, en la ciudad de Chihuahua atendiendo la necesidad de profundizar más y conocer de cerca la situación de crisis y violencia que ha caracterizado al estado en los últimos años. Hoy nos reunimos en Chihuahua defensores y defensoras de Colima, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
Como Red nos solidarizamos con nuestra presencia con todas las defensoras y defensores que cada día trabajan en un contexto de alto riesgo y de impunidad tanto en las ciudades de Chihuahua como en sus comunidades.
A lo largo de los últimos años, las organizaciones de la Red TDT hemos denunciado la sistemática situación de violaciones a los derechos humanos que se vive en la región norte del país, y en particular en el estado de Chihuahua. Las organizaciones de la región han documentado dichas violaciones y han estado acompañando a víctimas de desapariciones forzadas, familiares de niñas y mujeres asesinadas, sobrevivientes de tortura, víctimas de las violaciones cometidas a manos de cuerpos policiales y del ejército, así como de diversos grupos del crimen organizado, entre otros.
Las defensoras y defensores han sido blanco de hostigamientos, vigilancia, amenazas, y asesinatos a causa del trabajo de denuncia y defensa que las caracteriza.
Especialmente nos preocupa la situación de las compañeras defensoras de derechos humanos quienes han sufrido atentados contra su vida y quienes enfrentan riesgos más selectivos en el contexto de los feminicidios que por años han denunciado.
México enfrenta una grave situación de violencia institucional contra las mujeres y las niñas, especialmente preocupante es el incremento de los feminicidios en el estado de Chihuahua. En un contexto de violencia como el que hay en este estado las violaciones de genero se diluyen frente otras problemáticas.
Hacemos un llamado a las autoridades a dar
cabal cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre la sentencia de Campo Algodonero y el cumplimiento de las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso de
Paloma Angélica Escobar Ledesma.
Como organizaciones de derechos humanos nos pronunciamos en contra de la militarización de la seguridad pública, y expresamos nuestra honda preocupación por el anuncio del alcalde Marco Adán Quezada, quien declaró que el ejército volvería a patrullar las calles de Chihuahua. La presencia de elementos militares en tareas de seguridad sin control civil, han provocado una escalada en el registro de los abusos cometidos contra civiles.
Por último, expresamos nuestra solidaridad y compromiso con las familias de las personas desaparecidas en su búsqueda por ejercer el derecho a la verdad y la justicia.
Nos sumamos a las recientes recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, y hacemos un llamado al gobierno estatal a implementarlas a cabalidad.
Como organizaciones de derechos humanos nos pronunciamos en contra de la militarización de la seguridad pública, y expresamos nuestra honda preocupación por el anuncio del alcalde Marco Adán Quezada, quien declaró que el ejército volvería a patrullar las calles de Chihuahua. La presencia de elementos militares en tareas de seguridad sin control civil, han provocado una escalada en el registro de los abusos cometidos contra civiles.
Por último, expresamos nuestra solidaridad y compromiso con las familias de las personas desaparecidas en su búsqueda por ejercer el derecho a la verdad y la justicia.
Nos sumamos a las recientes recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, y hacemos un llamado al gobierno estatal a implementarlas a cabalidad.
Chihuahua,
Chih. Marzo de 2012
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todos y Todas”
(Conformada actualmente por 75 organizaciones en 22 estados de la República, ha trabajado como colectivo durante los últimos 20 años creando un espacio estratégico de colaboración, solidaridad e incidencia en temas fundamentales de derechos humanos)-
Las organizaciones que conforman la Red TDT son las siguientes:
Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor
y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. -KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para
la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría
del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).
Para mayor información o gestión de entrevistas:
Fernando Hernández Banda
Encargado del área de comunicación
Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)
Patricio Sanz 449, Colonia del Valle, C.P. 03100 México, D. F, C.P. 03100
Tel. 5523-9992 / Correo electrónico: comunicacion@redtdt.org.mx
Facebook: Red Todos los Derechos / Twitter: @redtdt
BOLETIN DE PRENSA
Empresa Eólica Española DEMEX y Comunidad Zapoteca Unión Hidalgo
Entran en Diálogo en Oaxaca para Tratar
Entran en Diálogo en Oaxaca para Tratar
Violaciones de Derechos a la
Tierra y al Territorio en el Istmo de Tehuantepec
México, D.F. a 22 de febrero de 2012 – El 8 de febrero de 2012, representantes de más de 30 pequeños propietarios de la comunidad zapoteca Unión Hidalgo se sentaron con representantes de la empresa eólica española Renovalia Energy, por medio de su subsidiaria mexicana Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. (DEMEX), en una mesa de diálogo para tratar las violaciones a los derechos a la tierra y al territorio en la implementación del proyecto eólico Piedra Larga, fases I y II, en Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ésta tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca y contó con la mediación del gobierno estatal. Entre los presentes se encontraron el Director del Gobierno de Oaxaca, Javier Jiménez Herrera, así como representantes de la Comisionada de Derechos Humanos y representantes de la oficina de Energías Renovables de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del estado.
Los pequeños propietarios, quienes solicitaron la mesa de diálogo, se han organizado en el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (CRPEUH), la cual, a su vez, forma parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Asimismo, están acompañados por dos organizaciones civiles: el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Luego de tener conocimiento acerca de los alcances y afectaciones reales del proyecto que DEMEX les negó a la firma de los contratos de arrendamiento, el CRPEUH ha venido oponiéndose a la implementación del proyecto en sus parcelas agrícolas. Por ello, desde mayo de 2011 se ha solicitado una mesa de diálogo con la empresa mediada por el gobierno estatal para tratar las violaciones a la tierra y al territorio y solucionar pacíficamente la problemática creada a partir de la falta de consentimiento previo, libre e informado, el cual es un derecho colectivo de los pueblos indígenas. A raíz de acciones lamentables por parte de DEMEX que culminó en el uso de la fuerza contra los pequeños propietarios, el CRPEUH logró que el Gobierno de Oaxaca otorgara medidas cautelares para proteger al Comité en la defensa de sus derechos humanos. Como fruto de este proceso, se logró la mesa de diálogo.
Ahora el CRPEUH tiene como principal demanda que los contratos de arrendamiento que se han firmado con DEMEX se terminen anticipadamente, ya que fueron firmados bajo términos falsos y cláusulas notoriamente inequitativas en perjuicio de los propietarios. El mensaje de los pequeños propietarios ante la empresa es claro: quieren la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento, situación que está prevista en los mismos; el pago de la cuota de terminación e indemnización por el daño al potencial productivo de las tierras; y el restablecimiento de la calidad original del suelo en los casos donde DEMEX ha continuado con las construcciones, para lo cual la empresa deberá retirar todas las estructuras y equipos instalados en sus tierras.
Durante la reunión del 8 de febrero, los pequeños propietarios presentaron de manera conjunta una solicitud formal de terminación anticipada de los contratos de arrendamiento con DEMEX en los términos establecidos por los mismos contratos. Para justificar esta solicitud, Guadalupe Castellanos Ramírez, una de las pequeñas propietarias del CRPEUH, afirmó: “DEMEX nos trata con poco respeto y nunca nos explicaron bien los términos de los contratos de arrendamiento que actualmente quieren imponer. Sabemos ahora que estos contratos son injustos y causan daños a nuestra tierra.” Sin embargo, en su representación DEMEX envió a dos abogados de un despacho privado, Alejandro Dichara Nates y Ricardo Izeta Gutiérrez, y dos empleadas locales de la empresa en Unión Hidalgo, quienes argumentaron desconocer tanto el contexto de la mesa como las condiciones del arrendamiento, y además no tenían facultad resolutiva para llegar a acuerdos con los pequeños propietarios.
Por lo anterior, se acordó una segunda reunión este sábado 25 de febrero en la Ciudad Administrativa de Oaxaca para recibir la respuesta formal de la empresa a la petición de terminar anticipadamente los contratos. Esta vez el CRPEUH exige que la empresa tome más en serio el diálogo y, como muestra de ello, envíe al Director General de DEMEX, Fernando Ballester Surroca, quien tiene poder de decisión sobre los contratos de arrendamiento.
“Las empresas eólicas se apuran a desarrollar proyectos en el Istmo de Tehuantepec pero lo hacen sin consulta previa, libre e informada y en detrimento de los derechos humanos de las comunidades,” dijo Alejandra Ancheita, abogada y directora ejecutiva de ProDESC. “Tenemos que asegurar que DEMEX y el gobierno consulten con los pequeños propietarios y respeten sus decisiones sobre sus propias tierras. Energía limpia debe ser energía responsable.”
De igual manera el CRPEUH exige que el gobierno de Gabino Cué cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo. El Comité exige también que el gobierno federal se haga responsable por esta violación a los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con su responsabilidad de velar por los derechos de los mexicanos por encima de las empresas multinacionales.
“Las empresas eólicas se apuran a desarrollar proyectos en el Istmo de Tehuantepec pero lo hacen sin consulta previa, libre e informada y en detrimento de los derechos humanos de las comunidades,” dijo Alejandra Ancheita, abogada y directora ejecutiva de ProDESC. “Tenemos que asegurar que DEMEX y el gobierno consulten con los pequeños propietarios y respeten sus decisiones sobre sus propias tierras. Energía limpia debe ser energía responsable.”
De igual manera el CRPEUH exige que el gobierno de Gabino Cué cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo. El Comité exige también que el gobierno federal se haga responsable por esta violación a los derechos de los pueblos indígenas, cumpliendo con su responsabilidad de velar por los derechos de los mexicanos por encima de las empresas multinacionales.
El proyecto eólico de Piedra Larga, Fases I y II, está siendo desarrollado por Renovalia‐DEMEX para suministrar energía limpia principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento de 18 años. Para construirlo Renovalia obtuvo un crédito sindicado de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras‐Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España).
FIRMANTES
• Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo (CRPEUH)
• Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
• Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
• Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
CONTACTOS
• Valeria Scorza / ProDESC, (55) 5212‐2230, valeriaprodesc@gmail.com
• Guadalupe Castellanos Ramírez / CRPEUH, jregaladom_@hotmail.com
BOLETIN DE PRENSA DEL COLECTIVO OAXASQUEÑO EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS
http://endefensadelosterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=397:el-colectivo-oaxaqueno-en-defensa-de-los-territorios-exige-la-presentacion-y-liberacion-inmediata-de-la-defensora-de-derechos-humanos-lucila-bettina-cruz-velasquez&catid=48:comunicados&Itemid=77
SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2012
BOLETIN DE PRENSA
BOLETIN DE PRENSA
3 de febrero del 2012
El 1 y 2 de Febrero del 2012 estuvo en Oaxaca el Lic. Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Subcomité para Prevenir la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, la Lic. Paulina Corominas, Representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acompañadas de la Asociación para la Prevención de la Tortura, ONG Internacional con sede en Ginebra; para conocer el avance de las recomendaciones que emitió el Subcomité para Prevenir la Tortura en su visita de Agosto de 2008 a nuestro Estado.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) visitó Oaxaca, México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 11 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, instrumento internacional que el Estado Mexicano ratificó en el 2005 y que entró en vigor el 22 de junio de 2006.
En esta visita la Delegación del SPT estuvo integrada por seis de sus miembros, tres personas de su Secretariado, dos intérpretes y un funcionario de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quienes visitaron en Oaxaca: Oficinas de la Policía Preventiva Municipal, Oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Oficina de Arraigo del Centro de Alto Rendimiento de la Fuerza Policial; Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes del Consejo de Tutela; Oficina Anexa a Zimatlán de Álvarez; Hospital Psiquiátrico “Cruz del Sur”; Reclusorio Varonil; la Prisión de Santa María Ixcotel; Reclusorio Preventivo Regional de Valles Centrales; así mismo visitó los Estados de México, Jalisco y Nuevo León. A raíz de esta visita el SPT, en junio de 2009, transmitió al Gobierno mexicano las observaciones derivadas de su visita que incluyen diversas recomendaciones para prevenir la comisión de actos de tortura en centros de detención en el país.
El SPT es el órgano internacional, contemplado en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, encargado de monitorear lugares de detención y realizar recomendaciones al respecto. A fin de que el SPT pueda cumplir con su mandato, los Estados parte se comprometen a examinar las recomendaciones del SPT y entablar un diálogo con éste sobre las posibles medidas de aplicación[1].
El informe del SPT contiene 122 recomendaciones, las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:
RECOMENDACIONES
|
CLASIFICACIÓN
|
13
|
en materia de capacitación de servidores públicos
|
10
|
en materia de implementación de reformas legislativas
|
7
|
en materia de diseño e implementación de políticas públicas
|
23
|
en materia de fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia
|
28
|
en materia de mejoramiento de las condiciones de los centros de detención
|
15
|
sobre dotación e incremento de recursos para la administración de los centros de detención
|
6
|
en relación con el fomento de la cooperación entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos
|
20
|
sobre cuestiones de carácter general.
|
El 1 y 2 de Febrero se realizó en Oaxaca en el Instituto Cultural de Oaxaca un diálogo con Autoridades de las Instituciones responsables de cumplir estas recomendaciones con presencia de Organizaciones de la Sociedad Civil Local y Nacional; los compromisos asumidos en este diálogo tendrán un seguimiento directo del Subcomité para la Prevención de la Tortura en coordinación con la Asociación para la Prevención de la Tortura.
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y ASESORÍA A PUEBLOS INDIGENAS, A. C.
UNIVERSIDAD AUTONOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA
(Para más información sobre las recomendaciones específicas realizadas por el SPT, dirigirse a: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf)
[1] Para más información sobre el Protocolo Facultativo
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/551/51/PDF/N0255151.pdf?OpenElement
Etiquetas: ddhh
SÁBADO 21 DE ENERO DE 2012
LEY DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA
BOLETIN DE PRENSA
20 de Enero del 2012.
· ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CELBRAN PASO IMPORTANTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El 13 de enero de 2012 el Congreso del Estado aprobó la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la cual fue producto de un trabajo inédito entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y organismos defensores de derechos humanos.
Sin lugar a dudas con esta nueva legislación la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca contará ahora con una serie de nuevas características que esperamos fortalezca su autonomía, funciones, competencias y atribuciones, esto para hacer de la institución una verdadera defensora de los derechos humanos. Es importante resaltar que estas características planteadas en la Ley fue un aporte de las organizaciones civiles y de derechos humanos que participaron en la construcción de la misma.
No obstante con los importantes avances en la materia y lo trascendente de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el simple hecho de cambiar una legislación, no cambia la realidad de las personas, colectividades e instituciones, razón por la cual es necesario que como ciudadanos y ciudadanas sigamos impulsando, exigiendo y demandando que estas reformas se traduzcan en verdaderos cambios institucionales, con un mejor equilibrio de poderes y con una nueva relación entre los ciudadanos y sus autoridades.
Confiamos que la convocatoria y el proceso para elegir al nuevo Ombudsman de la Defensoría y al Consejo Consultivo de la misma responda a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, equidad e igualdad , de tal forma, que las personas que lleguen a ocupar estos cargos sean las que cuenten con los perfiles más adecuados para ello.
En razón de lo anterior, pedimos se cumpla con las formalidades que establece la ley recientemente aprobada, pero sobre todo, que vigile la implementación de actos tendientes a hacer realidad un proceso de elección transparente, democrática, en condiciones de igualdad y bajo un enfoque intercultural, donde todas y todos estemos representadas y representados. Queremos contar con una Defensoría, personificada por alguien que cumpla además del perfil formal, un genuino compromiso y respeto por los derechos humanos.
Exhortamos a nuestros diputados y diputadas, a que continúen trabajando a favor de los intereses del pueblo de Oaxaca; a que se alejen de las inercias e intereses partidistas, que históricamente han originado pobreza, discriminación, violencia y desconfianza en la población.
Queremos confiar en que este primer paso dado hacia un respeto a los derechos humanos, será el primero de muchos que aún nos falta por dar; confiamos en que se están construyendo las bases de un trabajo con diálogo entre la población y las autoridades, hacia una cultura para la paz y la justicia.
INICIATIVA CIUDADANA OAXACA
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
COMISION DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ
LUNA DEL SUR, A.C.
CENTRO INTERDISCIPLINARIO, ASESORÍA, DIFUSIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS (CIADDDH);
COMISIÓN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “MAHATMA GANDHI” A.C.
PRAXIS UNIVERSITARIA;
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES (SOCPINDA-DH);
CASA HOGAR ACÉPTAME COMO SOY, A.C;
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN DEL NIÑO DOWN OAXAQUEÑO A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y ASESORIA A PUEBLOS INDIGENAS (CEDHAPI)
RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” A.C.;
CONSEJO DE DEFENSA DE VIVIENDA-(CDV);
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, A.C.
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011
BOLETIN PBI (BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ)
San José del Progreso Minería, ruptura del tejido social y defensores en riesgo San José del Progreso es una comunidad de la región de Valles Centrales del Estado de Oaxaca, ligada fuertemente a la extracción de oro y plata desde hace siglos. Sin embargo, no es hasta 2006 que las actividades mineras comienzan a generar problemas en la comunidad, con la llegada de Fortuna Silver, una compañía canadiense que opera a través de la subsidiaria mexicana minera Cuzcatlán. Organizaciones mexicanas e internacionales vienen denunciando hasta la fecha que la empresa obtuvo el permiso de las autoridades locales para su proyecto de extracción sin que el resto de la comunidad hubiera sido informada. Se vulneraron los derechos a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado9. Desde entonces, el sector de la comunidad que se opone a la mina ha sido víctima de constantes agresiones, incluyendo amenazas, detenciones arbitrarias y campañas contra defensores de derechos humanos, como es el caso del Padre Martín Octavio García10. Después de haber facilitado información a la población sobre las consecuencias de la explotación minera fue víctima de una campaña de difamación en los medios. Personas que apoyaban a la empresa minera le secuestraron y golpearon durante horas, en junio de 2010, el mismo día en que el presidente municipal y el regidor de salud de San José del Progreso fueron asesinados durante enfrentamientos cerca de la localidad. Poco después, el padre Martín fue sometido a prisión preventiva, en régimen de arraigo11. Se le acusó del asesinato de estas dos personas para quedar en libertad, el 30 de junio, ante la ausencia de pruebas12. Más de un año después, los responsables de estos actos violentos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra el Padre Martín y otros habitantes de San José del Progreso, no han sido enjuiciados y se benefician de un contexto de impunidad. El sacerdote no puede regresar a la zona por falta de seguridad. La comunidad sufre una profunda división interna, y sus derechos a la consulta y al consentimiento continúan siendo vulnerados mientras que la compañía minera sigue con sus trabajos.
Defensores en riesgo La CIDH, reconoce en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas como grupos en situación de especial indefensión “a los líderes sindicales, [...] a los líderes campesinos y comunitarios que realizan u organizan manifestaciones públicas, a los líderes indígenas que defienden los derechos de sus pueblos y a las operadoras y operadores de justicia”13. La OACNUDH, evidencia la falta de reconocimiento de los defensores de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México por “la fragilidad con la que el marco jurídico mexicano reconoce [estos derechos] y la negativa de parte de algunas autoridades de entenderlos como derechos humanos.”14
9. Han Destruido la Vida de Este Lugar: Megaproyectos, Violaciones a los Derechos Humanos, y Daños Medioambientales
en México, Walter Leitner International Human Rights Clinic (WLIHRC) & Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, (ProDH), 2011, p. 34.
10. El Padre Martín es miembro del Consejo Consultivo de Barca-DH, y defensor acompañado por PBI desde octubre de 2010.
11. AI: AU “Presos en riesgo de sufrir tortura y un juicio injusto”, AMR 41/046/2010, 25 de junio 2010.
12. AI: AU “Sacerdote mexicano en libertad bajo fianza”, 21 de julio 2010.
13. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev.1, párrafo 208, 7 marzo 2006.
14. Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los Defensores de
Derechos Humanos en México, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2011
BOLETIN ZAPOTENGO POCHUTLA
05 de Diciembre de 2011.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de 10 integrantes de la Sociedad Cooperativa Ecoturistica-Zapotengo Pacheco de Pochutla, Oaxaca, México.
El día 29 de Noviembre la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, emitió Medidas Cautelares a favor de 10 integrantes de la Sociedad Cooperativa Ecoturistica-Zapotengo Pacheco de Pochutla quienes fueron desaparecidos forzadamente el día 14 de julio del año 2010, presuntamente por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Agencia dependiente de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Dentro del expediente MC-262-11-México, la CIDH solicita al Gobierno de México: adopte de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Andrés Vizarretea Salinas, Fidel Espino Ruiz, Gregorio Hernández Rodríguez , Andrés Vizarretea Salina, Luis Vizarretea Salinas, Juan Carlos Vizarretea Salinas, Benito Salinas Robles, Juan Antonio Feria Hernández, Isauro Rojas Rojas, Adelaido Espino Carmona, Nemorio Vizarretea Vinalay e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a dichas medidas cautelares.
En los últimos años la violencia ha incrementado en las fronteras de México. Suceden: ejecuciones extrajudiciales, homicidios, secuestros, desaparición forzada de personas, levantamientos y modalidades de tortura, estos, en perjuicio de connacionales mexicanos y de migrantes indocumentados.
En el año 2005, un grupo de personas de la comunidad de Zapotengo constituyeron la Sociedad Cooperativa “Zapotengo Pacheco”, Proyecto Eco turístico de la Flora y la Fauna, cuyo objetivo consiste en generar turismo responsable para crear fuentes de empleo e ingresos económicos para las personas originarias de la región. Asimismo beneficiando a la comunidad directamente y evitando con ello a que se construyeran grandes complejos turísticos y de inversión extranjera, pues estos traen consigo el deterioro del medio ambiente, desplazamiento de los originarios de los lugares y la contaminación de las aguas.
El día 12 de Julio de 2010, los ahora beneficiarios de medidas cautelares, iniciaron su viaje hacia la ciudad de Matamoros Tamaulipas para comprar vehículos pesados para desarrollar el trabajo en su cooperativa a partir de esta fecha desaparecen y el último contacto con ellos fue una llamada telefónica que realizó el Sr. Nemorio Vizarretea a su familia y de un mensaje de texto que decia “…hemos llegado con bien, más tarde te marco”
El día 23 de Julio del 2010 en la Agencia del Ministerio Público del Segundo Turno de Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, los familiares de los desaparecidos iniciaron las siguientes Averiguaciones previas: 284(P.E.II)/2010) , 289 (P.E.II)/2010, 290 (P.E.II)/2010, 291 (P.E.II)/2010 por el delito de Desaparición forzada o desaparición involuntaria de personas.
Meses después, en oficio de fecha 18 de marzo de 2011 el Lic. Julián Celedón Suárez (Director General Adjunto de Información de Delitos contra la Integridad de las Personas de la Procuraduría General de la Republica, PGR) informa al Mtro. Artemio Alvarado Ramírez, (Subprocurador para la atención de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, PGJEO) que los CC. Juan Carlos Vizarretea Salinas, Nemorio Vizarretea Salinas, Fidel Espino Ruíz, Luis Vizarretea Salinas, Benito Salinas Robles, Antonio Feria Hernández, Isauro Rojas Rojas y Adelaido Espino Carmona y/o Adelaydo Espino Carmona, fueron detenidos el día 6 de Octubre del 2010, sin Delito, y se encuentran recluidas en la Jefatura Regional de Morelos. Sin especificar el nombre del penal. Por lo tanto el Gobierno Mexicano es responsable de la vida y la integridad física de las personas referidas, ya que en el escrito en mención refiere que se encuentran en un penal del estado de Morelos.
Ante los hechos descritos, se promovió el juicio de amparo número 849/2011, en el Juzgado Tercero de Distrito, del Decimo Tercer Circuito del Estado. Pero ante la indifencia del estado, el día 13 de febrero, esposas, hijos, hijas, familiares y cientos de personas efectuaron una marcha en las calles de Pochutla; meses después, el 14 de Julio del 2011, a un año de la desaparición, familiares y amigos marcharon en céntricas calles de la ciudad de Oaxaca y las esposas de los desaparecidos y otros familiares se instalaron en huelga de hambre en los corredores del palacio de Gobierno de la Ciudad de Oaxaca.
El día 15 de Julio, una comisión de familiares de los 10 desaparecidos, acudieron a la delegación de la Procuraduría general de la Republica en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, entrevistándose con la Delegada Lic. Aurora de la Mora, para verificar en que penal del estado de Morelos se encontraban sus familiares y en qué situación, en dicha reunión la funcionaria aseguró que se había tratado de un error en la captura de datos, pues en ningún momento estuvieron detenidos ni arraigados ahí.
En este sentido el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, A. C., el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C y la Comisión Diocesana de Justicia y Paz A.C., exige al Gobierno Mexicano que acate las medidas cautelares de forma inmediata, convocando a una reunión de implementación de Medidas Cautelares.
Centro Regional de Derechos Humanos
“Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.
Centro de Derechos Humanos y Asesoría
a Pueblos Indígenas, A.C.
Comisión Diocesana de Justicia y Paz.
MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2011
COMUNICADO DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
· EXIGIMOS INVESTIGACIÓN INMEDIATA AL ALLANAMIENTO Y ROBO A LAS OFICINAS DE CONSORCIO PARA EL DIALOGO PARLAMENTARIO Y LA EQUIDAD EN OAXACA.
· EXIGIMOS GARANTIAS PARA QUE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS BETTINA CRUZ VELAZQUEZ Y MARIBEL GONZALEZ, EN LA REGION DEL ITSMO, REALICEN SU TRABAJO Y QUE SE INVESTIGUEN LAS AMENAZAS, AGRESIONES Y HOSTIGAMIENTO QUE VIVEN.
A los/as integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. Nos alarma y preocupa que en este Gobierno del cambio se vivan hechos que ponen en riesgo el trabajo que realizan las defensoras de derechos humanos en Oaxaca.
En la región del Istmo el pasado 21 de octubre fueron amenazadas las defensoras de Derechos humanos Bettina Cruz Velázquez y Maribel González por caciques de la región y trabajadores de la empresa Desarrollos Eólicos de México. Las defensoras acompañan el proceso de defensa del territorio en la región del Istmo, ante la imposición de proyectos eólicos por empresas trasnacionales.
Ahora el 3 de noviembre se da el allanamiento y robo a las Oficinas de Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, organización que realiza su trabajo principalmente en el tema de Mujeres y con una trayectoria en el tema muy importante.
Ante estas situaciones que se viven y que ponen en riesgo el trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas, tienen que ser investigadas y esclarecidas. Urge que las Instituciones responsables de investigar los hechos actúen con rapidez, eficacia y profesionalismo.
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS "BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO" A.C.
MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2011
VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS DE 161 REOS TRASLADADOS A LAS ISLAS MARIAS
BOLETIN DE PRENSA
Violaciones a Derechos Humanos cometidos en los operativos de traslado de 161 reos en los penales de santa María Ixcotel y Tehuantepec en el estado a la colonia penitenciaria de islas marías y del estado de Nayarit.
Tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado violan el derecho de audiencia, así como el derecho que tienen los reos sentenciados a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios.
De acuerdo con la información pública que han dado las autoridades al respecto, hasta el día de hoy, son 161 reos federales, los que han sido trasladados de diferentes centros penitenciarios, como lo son de santa María ixcotel y Tehuantepec en el estado hacia la colonia penitenciaria de Islas Marías, en el estado de Nayarit, en varios operativos realizados a partir del día lunes 10 de octubre de este año, donde han participado conjuntamente tanto Policía Federal, como Ejercito Mexicano y Policía del estado, entre otros puntos.
De acuerdo con el testimonio de familiares de los presos, los operativos se han realizado sin importar que en el momento de los mismos hubiere convivencia con los reos y sus familiares al interior de los penales, donde los cuerpos policiacos han ingresado violentamente, lanzando gases lacrimógenos y golpeando a algunos internos, resultando lesionados varios de ellos , inclusive mujeres y niños de entre sus familiares de acuerdo con los testimonios.
De igual forma, a los reos les fueron tapados el rostro y fueron conducidos hacia el exterior para abordar autobuses aparentemente de uso particular, que tenían las ventanas tapadas con periódicos y bolsas negras para llevárselos con uso desconocido así mismo, los familiares han denunciado maltrató , amenazas y chantajes en su contra, por parte de autoridades penitenciarias del gobierno del estado, pues refieren que una persona del sexo femenino que sin identificarse se ostento como subdirectora del penal de Santa María Ixcotel y les dijo textualmente de manera irrespetuosa y sarcástica que “no se preocuparan por sus presos porque ellos iban a estar bien calientitos” a donde los iban a llevar, sin informales hasta este momento sobre el paradero de sus familiares presos”. De igual forma, mencionan los familiares de los reos que el personal de seguridad y custodia del penal de Santa María Ixcotel los han amenazado diciéndoles que mejor no la hagan de pedo, porque si le siguen moviendo, se van a desquitar con sus familiares presos, diciéndoles que les va a ir peor, además de que la mayoría de los presos trasladados, a decir sus familiares se encontraban recibiendo educación y desempeñando algún oficio como trabajo o practicando algún deporte al interior de los penales, como parte fundamental del proceso de reinserción a la sociedad y a la que tienen derecho por mandato constitucional.
Por lo que, por su proceder las autoridades responsables, que incluyen a las federales y locales, vulneraron los derechos humanos de los reos; el derecho que tienen estos a ser notificados de la determinación de su trasladado; se les viola su derecho de audiencia, en el que se le reciban pruebas y argumentos tendientes a demostrar que el reo de que se trata no está en los supuestos que alude la ley para ser trasladados injustificadamente a otro centro o colonia penitenciaria, como es el caso, con el fin de garantizar su reinserción a la sociedad.
Situación que también regula la ley que establece las norma mínimas sobre la readaptación social de sentenciados, que otorga facultades en su Artículo 3º., para que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurgen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaria de Seguridad Pública ello sea posible.
Por ello hacemos un llamado a las autoridades del gobierno del Estado, al Secretario de Seguridad Pública y al Director General de Reinserción Social, para que en uso de sus facultades y atribuciones que les confiera la ley, dentro de un marco de legalidad y pleno respecto a los derechos humanos, realicen lo siguiente:
1.- Inicien los procedimientos administrativos pertinentes a afecto de sancionar y corregir las faltas y abusos en que hayan incurrido sus subordinados en el desempeño de su encargo, de acuerdo con los hechos aquí expuestos, en perjuicio de los presos trasladados a la colonia penitenciaria de las islas marías del estado de Nayarit.
2.- De acuerdo a las atribuciones que la propia ley les confiere, realicen las gestiones pertinentes necesarias, a efecto de regresar a los centros penitenciarios del estado de Oaxaca, más cercanas al domicilio de los reos trasladados a la colonia penitenciaria de las Islas Marías con el efecto de restituirlos en el goce de sus garantías y los derechos humanos violados, por no reunirse los requisitos que claramente prevée la ley para su traslado justificado con la finalidad de garantizar su reinserción a la sociedad, de acuerdo con lo que mandata la constitución federal.
3.- En el ámbito y sus respectivas competencias y de acuerdo a sus retribuciones que la propia ley les confiere revisar y hacer eficientes los modelos y herramientas de comunicación social, con el objeto de garantizar el derecho de la sociedad a la información pública, con apego a los principios de veracidad y objetividad en el manejo de la información.
Oaxaca de Juárez, 30 de Octubre de 2011.
FAMILIARES DE LOS REOS TRASLADADOS A LA COLONIA DE LAS ISLAS MARIAS
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA.
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOME CARASCO BRISEÑO” A.C.
INICIATIVA CIUDADANA OAXACA.
JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2011
BOLETIN
SANTA MARIA ZANIZA
conflicto agrario
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
- Autoridades Municipales y Agrarias de Santa María Zaniza, urgen la intervención del Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Oaxaca para evitar enfrentamiento por Conflicto Agrario con Santiago Amoltepec.
Las Autoridades Municipales y Agrarias de Santa María Zaniza, Sola de Vega, acompañados por el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C., denuncian que desde el mes de Agosto del 2011 vienen recibiendo invasiones y provocaciones por parte de sus vecinos de Santiago Amoltepec, con quienes mantienen desde 1986 un conflicto agrario.
El 3 de Agosto, un grupo de personas armadas llego hasta donde se construye el puente “Rio Algodón”, supuestamente buscando su ganado, con la intención de asustar e impedir la construcción del puente, necesario para el Municipio de Zaniza.
El 17 de agosto del 2011, aproximadamente a las 10 horas el comandante Segundo de la Policía Estatal, destacamentado en el paraje la Cuevita, reportó al Regidor en turno Pablo Cruz Vásquez, de Santa María Zaniza, que aproximadamente 100 hombres armados se encontraban cercando un terreno perteneciente a la población de Santa Mara Zaniza al paso a “Arroyo Platanar”, y cuando se fueron se llevaron un portón de alambrón que se encontraba cerca de la construcción del puente peatonal denominado “Rio algodón”.
25 Agosto aproximadamente a las 11:00 de la noche tirotearon a los guardias que se encuentra en el módulo de vigilancia ubicado en “Rio Algodón”.
27 Septiembre el representante Bienes Comunales de Santiago Amoltepec, Artemio Santiago Gutiérrez y el Agente de Rio Ciruelo Sr. Adrian Torres Ramírez acompañados de gente de Rio Ciruelo fueron hacer el destrozo de 4 hectáreas en terrenos de Zaniza.
A pesar de las agresiones sufridas Zaniza ha buscado el diálogo y ha solicitado la intervención del Secretario General de Gobierno y de la Junta de Conciliación Agraria para buscar una solución pacífica al conflicto, pero lamentablemente ningún funcionario tiene el interés de atender e intervenir para evitar un enfrentamiento.
El día 28 septiembre nos recibió el Lic. Joaquín Rodríguez Palacios, para escuchar nuestra denuncia y nos cito nuevamente para el 5 de octubre en la Junta de Conciliación Agraria., acudimos a dicha reunión pero NO se realizo ni se logro ningún avance, ya que sólo nos atendió el Lic. Torralba por parte de la Junta de Conciliación Agraria y nos pidió hacer una propuesta para iniciar el dialogo con Amoltepec.
En esta reunión señalamos y lo hacemos hoy públicamente que el Pueblo de Santa María Zaniza desde el 2003 en que se instaló una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto, presentó su propuesta a la Junta de Conciliación Agraria y al Gobierno del Estado y ellos se hicieron responsables de dar seguimiento a la misma.
En el 2007 los habitantes de Santiago Amoltepec rompieron el acuerdo de NO agresión que se tenía de forma verbal y a partir de ahí han estado agrediendo y provocando a los habitantes de Santa María Zaniza.
Por ello denunciamos esta situación e invitamos a los habitantes del Pueblo de Amoltepec a mostrar disposición para dialogar de manera respetuosa, seria y comprometida a favor de la paz; Santa María Zaniza no se niega al diálogo y a una solución pacífica del conflicto.
Exigimos a las Autoridades Federales y Estatales intervenir para evitar hechos violentos que ponen en riesgo la integridad y la vida de los habitantes de Zaniza.
Responsabilizamos a las Autoridades Administrativas, Judiciales y Agrarias, Federales y Estatales, de la violencia y enfrentamiento que se dé entre los pueblos, ya que por su negligencia, falta de atención, falta de capacidad para generar condiciones favorables a la solución del conflicto agrario solo lo administran y no buscan una solución de fondo.
Octubre 13 del 2011.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZANIZA
SINDICO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZANIZA
PRESIDENTE DE BIENES COMUNALES DE SANTA MARIA ZANIZA
CONSEJO DE VIGILANCIA DE SANTA MARIA ZANIZA
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS”BARTOLOME CARRASCO” A.C.
VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2011
COMUNICADO SAN JUAN COPALA
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
A UN AÑO DEL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
PARA 135 HABITANTES DE SAN JUAN COPALA.
Hoy 7 de octubre se cumple un año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de San Juan Copala, exigiendo al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de estas personas. Al inicio, en las reuniones de implementación de las medidas cautelares se dio la participación de funcionarios federales y estatales a nivel de secretarías, quienes en ese momento mostraron su interés en el caso. Gracias a la presión internacional, en marzo del 2011 el propio gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, de manera inédita acudió con una comisión de primer nivel a Washington a una reunión de trabajo solicitada por los peticionarios para informar sobre la implementación de las medidas cautelares.
El Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BarcaDH) y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, desde las primeras reuniones entregamos a las instancias responsables de la ejecución una propuesta integral para atender los temas de Justicia, Seguridad, Salud, Educación y retorno de los desplazados. Asimismo, solicitamos que instancias internacionales de derechos humanos, como la Oficina para México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ACNUR, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y Brigadas de Paz, acompañaran y estuvieran en las reuniones de implementación.
En abril de 2011, BarcaDH y Cedhapi renunciamos al seguimiento de la implementación de las medidas cautelares, en virtud de que los beneficiarios decidieron seguir con el acompañamiento del Foro Permanente por la Verdad, a cargo de David Sicilia, organización que también fue peticionaria y tiene la representación de los desplazados que se encuentran en la Ciudad de México.
Es importante mencionar que una vez que se otorgaron las medidas cautelares en el mes de octubre, la situación de violencia y agresiones a integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala disminuyó y los proceso judiciales empezaron a avanzar.
El gobierno de Oaxaca, como parte del Estado mexicano, sabe que tiene una responsabilidad y compromiso para resolver la situación de impunidad que existe en la región, el desplazamiento de personas y la pacificación en la zona triqui; además es urgente y prioritario que el caso sea atendido de forma integral y de fondo.
A la fecha, y sin ser parte de la implementación de las medidas cautelares, nos preocupa y alarma que a un año del otorgamiento exista desinterés e incumplimiento de las mismas.
Nos solidarizamos con la exigencia de justicia de los desplazados de San Juan Copala, pero al mismo tiempo les pedimos que sean ellos quienes determinen el camino que los lleve a unificar su nación triqui, pues bien saben que hay muchos intereses políticos, económicos y de control que no los dejan unirse; existen muchos grupos que están con ellos y lejos de acercarlos a una solución, la complican.
Por lo anterior, desde el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” exigimos al gobierno del estado de Oaxaca y al gobierno federal:- CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES PARA LOS 135 HABITANTES DE SAN JUAN COPALA.
- RETORNO DE LOS DESPLAZADOS DEL PUEBLO TRIQUI
- JUSTICIA PARA LAS VIUDAS Y HUÉRFAMOS DE SAN JUAN COPALA.
“POR UNA VIDA DIGNA, JUSTA Y HUMANA”
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUANOS
“BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO” A.C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario